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30 años de la elección popular de alcaldes y la masacre que se avizora

Publicado: Domingo, 21 de octubre de 2018  |  9:44 am
Ariel Fernando Ávila Martínez

Se cumplen 30 años de la primera vez que se eligieron popularmente alcaldes y gobernadores. El balance es más agrio que dulce.

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Por un lado, la apertura democrática de finales de los años ochenta y noventa del siglo pasado, llevó a que la vieja clase política se aliara con narcotraficantes y paramilitares para eliminar la oposición política. De hecho, investigaciones recientes indican que el origen de la parapolítica fue en gran parte la resistencia de la vieja clase política local y regional a competir en política. Miles de líderes locales cayeron en este baño de sangre. Además, este proceso democratizador no trajo una nueva forma de hacer política, las viejas prácticas clientelistas se potenciaron y perpetuaron. Y claro, el proceso democratizador, debido a los problemas de la descentralización no trajo, en la mayoría de las zonas de Colombia, un progreso económico.

Pero hubo cosas buenas, efectivamente en las grandes ciudades donde la masacre de la oposición no fue tan fuerte se han consolidado fuerzas alternativas a las tradicionales, y varias de estas fuerzas han hecho ejercicios importantes de gobierno. Las elecciones de alcaldes y gobernadores trajeron un impulso democrático en la sociedad colombiana, algunos movimientos comunitarios se fortalecieron y han surgido liderazgos desde lo local hacia lo nacional.

En todo caso, en las regiones colombianas, la violencia sigue siendo un mecanismo de competencia política y todo parece indicar que los meses previos a las elecciones locales de octubre de 2019 ocurrirá una verdadera masacre de líderes sociales. Las investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación, indican que en muchas regiones los viejos políticos están muy descontentos con los nuevos liderazgos y dicen que no permitirán que les quiten el poder.  

La estrategia ha sido la misma, en las regiones se comienza a oír que: esos líderes sociales son de las Farc, que las Farc no desaparecieron, que son guerrilleros, que los financia el crimen. Es decir, primero la estigmatización y luego vendrá la masacre.

La siguiente gráfica muestra la victimización a líderes sociales desde enero de 2016. Nótese cómo cada cuatro días asesinan un líder social en Colombia. Pero además resulta llamativo ver los picos de estos homicidios, los cuales casi todos coinciden con jornadas electorales, donde la movilización política estuvo en su tope más alto.

El primer pico se presentó previo al plebiscito por la paz, el cual se votó el 2 de octubre de 2016, nótese cómo agosto y septiembre de ese año tuvieron las cúspides más altas. El otro pico se presentó previo a las elecciones legislativas de 2018, desde el 15 de enero de este año hasta finales de febrero se presentó un fenómeno donde casi cada dos días asesinaban un líder social.  Llama la atención que las zonas donde se asesinaron el mayor número de líderes sociales en este periodo, era donde la competencia política estaba más intensa. También, en mayo, previo a las elecciones presidenciales de primera vuelta, ocurrió lo mismo, y como se ve en la gráfica, el otro pico fue luego de la segunda vuelta presidencial.

En los próximos meses asesinarán muchos líderes sociales por tres grandes razones. En primer lugar, por reclamar tierra, el Urabá, el sur del Meta, Magdalena son zonas con un alto riesgo. En segundo lugar, los reclamantes de verdad. En medio de los procesos de justicia transicional muchas víctimas están comenzando a liderar reclamaciones de verdad, muchos criminales, pero sobre todo los famosos “terceros”, es decir, políticos y empresarios harán hasta lo imposible para tapar esa verdad. Por último, los nuevos liderazgos que competirán en alcaldías, asambleas departamentales y concejos municipales están en riesgo por la oposición de las viejas estructuras que dominan el poder local y que utilizan la violencia para silenciar la competencia.   

La recomendación para el Estado colombiano es que sobre estos tres grupos de liderazgos sociales habrá que crear planes de choque para la protección. Además, iniciar un proceso de sensibilización con los entes territoriales y funcionarios estatales locales y regionales. Pero sobre todo, la justicia debe operar y determinar los actores intelectuales de estos crímenes.

Ariel Fernando Ávila Martínez | 

Nota aclaratoria: las opiniones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.