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Empezó la guerra 2

Publicado: Domingo, 05 de agosto de 2018  |  9:04 am
Gustavo Duncan

La semana pasada en esta columna intenté llamar la atención sobre cómo el llamado de la Corte a Uribe representaba el inicio de una nueva guerra política en el país. Creo que es necesario agregar una segunda parte a la anterior columna para precisar a qué me refiero por guerra política y cuáles podrían ser sus consecuencias.

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La semana pasada en esta columna intenté llamar la atención sobre cómo el llamado de la Corte a Uribe representaba el inicio de una nueva guerra política en el país. Creo que es necesario agregar una segunda parte a la anterior columna para precisar a qué me refiero por guerra política y cuáles podrían ser sus consecuencias.

De entrada hay que decir que no va a tratarse de una guerra por medios violentos. Por consiguiente, el término ‘guerra’ se utiliza como una alusión al uso y la distorsión, a niveles salvajes, de las instituciones del Estado para sacar del juego y, eventualmente, llevar a prisión a los contradictores políticos.

La regla básica de la democracia de contrincantes que cada determinado tiempo se enfrentan y se rotan en el poder, se puede romper por la lógica de enemigos que buscan excluirse de la participación futura en el poder.

Se trata, en concreto, de la manipulación de la Corte Suprema de cualquier forma de juicio justo, independiente si Uribe es inocente o no, y de la retaliación del uribismo mediante transformaciones en la Constitución para desmontar el poder de la actual Corte y del aprovechamiento de las mayorías en el Congreso para llevar a juicio a Santos por el caso Odebrecht.

El principal daño que puede causar la agudización de la polarización, al punto de que el uribismo y el santismo busquen excluirse del juego político, es la destrucción de las instituciones democráticas. Si el marco normativo del Estado es utilizado y/o transformado para sacar del juego a los contrarios políticos, las garantías mínimas de la democracia se resquebrajarían. Entraríamos en un nuevo régimen político y las salidas serían impredecibles. Por eso es tan grave la actual situación política del país.

Pero esa no es la única consecuencia perversa de la guerra política. Para retaliar a la Corte y a Santos, Uribe necesitará del respaldo en recursos estatales del Gobierno de Duque. Solo con el respaldo de la clase política es posible obtener las mayorías en el Congreso, necesarias para cambiar las cortes y llevar a juicio a Santos. Y eso solo se logra mediante grandes dosis de mermelada. En consecuencia, si Duque tenía la voluntad real de combatir la corrupción se encontrará con uno de los peores ambientes para ponerle límites a las aspiraciones de la clase política.

De otra parte, quien debe estar restregándose las manos es Petro. La nueva situación es un ‘bocatto di cardinale’ para sus aspiraciones al 2022. Apelar a la indignación de la población y movilizarla es mucho más sencillo cuando las distintas facciones del establecimiento desnudan sus vergüenzas en público y dan rienda suelta a las ambiciones burocráticas y presupuestarias de la clase política. Petro podrá convocar marchas en el preciso momento que la fuerza de los hechos le da la razón a su discurso populista en contra de las élites por su ilegitimidad.

Son muchas cosas entonces las que están en juego como para aventurarse a desatar una guerra política recién posesionado Duque. Es que no es para menos. Cuando los uribistas purasangre denunciaban el proceso de la Habana por estar acordando curules sin pasar por la Justicia a las Farc y la cárcel para el expresidente Uribe, cualquiera medianamente sensato pensaba que era una exageración, un ‘fake-news’. Resultó que es altamente probable.

Ojalá sectores sensatos de la política logren calmar las aguas.

Gustavo Duncan | El País | @gusduncan

Nota aclaratoria: las opiniones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.

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