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Líderes sociales: en exterminio

Publicado: Domingo, 13 de enero de 2019  |  9:25 am
Ariel Fernando Ávila Martínez

Se necesitan planes de emergencia focalizados, y sobre todo, que la justicia avance para determinar los autores intelectuales de estos crímenes. Como van las cosas el 2019 será un año largo y doloroso.

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En el último año he escrito en tres ocasiones sobre esta temática. Es frustrante la indiferencia de la sociedad colombiana, la ausencia de estrategias eficientes para parar la masacre, pero sobre todo, impactan las estrategias comunicativas de varias instituciones estatales y sectores políticos para negar la masacre, parece que son los cómplices de esta matanza.

Por tal razón, no repetiré el análisis geográfico, estadístico, o las líneas que demuestran la sistematicidad en la victimización a líderes sociales. Le pido al lector que si quiere profundizar en esto, lea mis anteriores columnas sobre el tema o se dirija al último informe de la Fundación Paz y Reconciliación, donde encontrará decenas de páginas que analizan estos retos de nuestra democracia.  

Solo para argumentar el objetivo de la columna daré tres datos. Por un lado, desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, hasta el día de hoy, se han producido 229 homicidios de líderes sociales. Un asesinato cada tres días. Además, las victimizaciones superan las 600, entre amenazas, secuestros, homicidios, atentados, entre otras. Es decir, casi una diaria.  En segundo lugar, el 30 por ciento de los homicidios fueron cometidos por las disidencias de las Farc, grupos posdesmovilización paramilitar, como el Clan del Golfo, el ELN, es decir, actores identificados. Mientras que el otro 70 por ciento, fueron cometidos por actores no identificados. Esto significa que hay agentes legales, como supuestos empresarios, políticos, agentes estales o élites locales, así como actores criminales que contratan sicarios para asesinar líderes sociales. Muchos sicarios no saben ni siquiera quién los contrató. Por último, poco más del 60% de los líderes asesinados tienen tres perfiles: 1. Reclamantes de tierra y verdad. 2. Líderes que quería participar en política. 3. Miembros de Juntas de Acción Comunal que se oponen a economías ilegales, ya sea a cultivos de uso ilícito o minería ilegal.

Así las cosas, cualquier persona con dos dedos de frente concluiría que: 

  1. En la medida que la justicia transicional avance, ya sea la JEP o la Comisión de la Verdad, las víctimas estarán más en peligro. Sobre todo, porque a medida que exguerrilleros, exmilitares, parapolíticos, etc., comiencen a contar las verdades tendrán que ir delatando a quienes los apoyaron, quienes se beneficiaron de la guerra, gente, que generalmente está en la legalidad. Esto es lo que pasa con los líderes que reclaman tierra. Los despojadores, supuestos  empresarios y latifundistas, se oponen al proceso de paz, saben que si hay verdad, muchos de ellos deberán regresar lo que se robaron.
  2. Estamos a diez meses de las elecciones locales y regionales, por ende, muchos de estos líderes que buscan ser concejales, diputados departamentales o alcaldes están en grave peligro, pues a las viejas elites, las que siempre han gobernado, no les gusta la democracia, ni la competencia política.  Así las cosas, tanto la cercanía de las elecciones como el avance de la justicia transicional hace necesario un plan de emergencia para la protección de estos líderes sociales.
  3. Es necesario que la justicia avance en la identificación de los autores intelectuales y no solo materiales de estos crímenes. En las regiones colombianas mucha gente se siente con la libertad de matar o decidir quién vive y quién no.  Hace menos de dos meses estuvo en Colombia Michael Forst, el relator especial de la ONU para los defensores de derechos humanos. Además de manifestar la sistematicidad de los homicidios, dijo algo sorprendente, y es que no conocía otro país en el mundo como Colombia, donde en varias regiones se viven estados de intimidación increíbles para los líderes sociales.

Un ejemplo, puede ser el Urabá antioqueño y chocoano. Según investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación distinguir entre Estado y criminales es difícil en esta región del país.  Así las cosas, se necesitan planes de emergencia focalizados, y sobre todo, que la justicia avance para determinar los autores intelectuales de estos crímenes. Como vamos, el 2019 será un año largo y doloroso.

Ariel Fernando Ávila Martínez | CiudadRegion

Nota aclaratoria: las opiniones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.

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