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Memoria, ciencia y política

Publicado: Domingo, 12 de marzo de 2017  |  12:56 am
Gustavo Duncan

Por simple sentido de justicia, la asignación de responsabilidades implica que unos sectores de la sociedad, por los daños causados, deberán comprometerse con concesiones que incluyen cambios en la distribución de obligaciones y recursos en el orden social.

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La construcción de la memoria histórica, como un ejercicio que asigna las responsabilidades en el conflicto y define la naturaleza de las víctimas y de los victimarios, dista de ser un ejercicio pasivo en términos políticos. Más aún, la construcción de memoria es en esencia un ejercicio político.

Por simple sentido de justicia, la asignación de responsabilidades implica que unos sectores de la sociedad, por los daños causados, deberán comprometerse con concesiones que incluyen cambios en la distribución de obligaciones y recursos en el orden social. Pero, además, necesariamente conduce a procesos de legitimación y reivindicación de unos actores, al tiempo que deslegitima y cuestiona a otros.

En efecto, los actores que en la elaboración de la memoria queden retratados como responsables, en mayor o menor grado, estarán obligados a ceder influencia política. Mientras que quienes tengan habilidades para ser retratados como víctimas y, sobre todo, quienes sepan asumir el papel de jueces morales y públicos de las actuaciones de terceros durante el conflicto, tendrán una oportunidad de oro para reclamar posiciones de poder en el Estado y en los partidos políticos.

Por esta razón para las Farc es tan importante situar la discusión de las responsabilidades en el conflicto en la definición de los perpetradores más allá de los combatientes y de los ejecutores directos. Es una victoria política porque borra la distinción entre las élites políticas y económicas y quienes ejecutaron la violencia contrainsurgente, bien fueran militares o paramilitares, y de paso equipara su situación a la de la jefatura de las Farc que, como se sabe, tuvo una responsabilidad directa por haber dirigido el ejército insurgente sobre el terreno. Es, en últimas, una estrategia dirigida a poner en el mismo nivel al Estado y a la guerrilla con el argumento que se trataba de dos bandos con intereses políticos y económicos contrapuestos que, con sus respectivos ejércitos, se enfrentaron en una guerra llena de excesos y brutalidades.

La otra cara de la moneda son los ejercicios de memoria histórica que retratan a la insurgencia como un actor descompuesto por la codicia. La ideología insurgente es una mera fachada de organizaciones terroristas para legitimar la acumulación de riqueza privada desde el narcotráfico y demás economías criminales. Por supuesto, bajo esta versión la legitimidad de las Farc es mínima, así como su viabilidad como un actor que reclama espacios políticos dentro de las instituciones de la democracia. El objetivo es neutralizar cualquier aspiración política de los jefes de las Farc y de los sectores ideológicos afines.

Entre estos dos extremos, más allá de que los autores sean conscientes o no de sus sesgos ideológicos, se mueve la producción científica sobre el tema. Y es inevitable que cualquier producto de la investigación tenga efectos políticos en la forma cómo la sociedad interpreta el conflicto y, por consiguiente, en la forma cómo se elabora la memoria histórica.

Pero una cosa son los académicos con sesgos ideológicos y otra los académicos con una agenda política, en que el propósito es acomodar la interpretación de lo sucedido para que un grupo político en particular salga favorecido en la redistribución del poder. De este detalle dependerá el papel de la academia colombiana en los ejercicios de memoria durante el postconflicto.

Gustavo Duncan | El País.com.co | @gusduncan

Nota aclaratoria: las opiniones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.

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