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¿Merece el Concejal Gallo la pena de muerte política?

Publicado: Domingo, 17 de septiembre de 2017  |  9:11 am
Eduardo Cardona Mora

Sea lo primero advertir que la razón que motivó la apertura de esa investigación fue producto de un error del órgano de control, antecedente que se torna importante para evaluar los efectos que la demanda de pérdida de investidura traería para el Concejal.

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No compartir la manera como administra la ciudad el alcalde Gallo, no me impide opinar en derecho sobre el interesante debate jurídico que propone la oposición y que busca despojarlo de su investidura de Concejal por haber participado cuando era edil en la elección de un contralor existiendo para ese entonces una investigación de tipo fiscal en su contra que posteriormente fue desestimada por el funcionario que resultó elegido.

Sea lo primero advertir que la razón que motivó la apertura de esa investigación fue producto de un error del órgano de control, antecedente que se torna importante para evaluar los efectos que la demanda de pérdida de investidura traería para el Concejal. Estamos hablando de una investigación que jamás debió existir pero con el poder de arrebatarle sus derechos políticos a perpetuidad.

El conflicto de intereses que se alude en la imputación por ser una causal de tipo moral, obliga al Juez contencioso a escudriñar el elemento subjetivo o motivacional de su actuación adentrándose necesariamente en el terreno de la intención, con el fin de determinar si existió por parte del edil culpa o dolo en su actuación. El juez debe honrar el principio de que en derecho sancionatorio está proscrita la responsabilidad objetiva.

Una cosa es que la causal de conflicto de intereses que se alega sea objetiva y que exista un hecho que permita suponer un beneficio posterior a la votación y otra muy distinta que la conducta a la hora de ser estudiada se le prive del elemento subjetivo y que el juez vaya a renunciar a evaluar el comportamiento del concejal para cerciorarse que se adecue a la norma que sustenta la imputación. Sin el elemento subjetivo jamás podría demostrarse si existió el beneficio y provecho que sanciona la ley como consecuencia directa del privilegio de su investidura.

Lo anterior nos invita a preguntarnos: ¿era posible obtener un provecho de dicha actuación? ¿Qué hubiera pasado si el concejal se hubiera declarado impedido? ¿Hubiera cambiado el desenlace de la investigación?. La respuesta no puede ser otra: en nada hubiera diferido el fin que tuvo la investigación en su contra, debido a que fue producto de un error y la suerte hubiera sido la misma. De tal manera que nadie puede obtener un beneficio de lo que no tiene la vocación de producirlo y desvirtúa el núcleo de la acusación: “la existencia cierta de un interés personal”.

El Consejo de Estado en sentencia del 23 de marzo de 2010, negó la pérdida de investidura de un senador por haber participado en la elección del Procurador General de la Nación, a pesar de que dicho órgano estaba investigándolo. Sustentó su negativa en que el titular elegido, no quedaba bajo la subordinación del Senado ni de ninguno de sus miembros y el procedimiento sancionatorio dependía exclusivamente de la ley. En el mismo sentido se debe entender la autonomía de la Contraloría frente al Concejo. Por razones como estas no estoy de acuerdo con la pena de muerte política del Concejal Gallo.

Eduardo Cardona Mora | El Diario

Nota aclaratoria: las opiniones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.

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