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No es un caso único

Publicado: Domingo, 25 de junio de 2017  |  9:30 am
Gustavo Duncan

Con la apertura del sistema y los recursos de la descentralización una nueva clase política proveniente de Bello comenzó a tomar las riendas de la administración pública.

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El municipio de Bello queda al norte de Medellín. No existe ningún tipo de barrera natural apreciable entre ambas ciudades. Basta cruzar una calle y se está en otro lado. El Alcalde, el Concejo y los funcionarios públicos son otros. No se trata de un municipio pequeño. Allí habitan casi medio millón de personas. Tampoco es un lugar donde sólo vivan clases bajas. En las colinas de Bello están surgiendo lujosas mansiones y cada vez son más los proyectos de construcción de apartamentos de clase media.

Pero a pesar de ser parte de la segunda área metropolitana del país y de existir una enorme aglomeración de habitantes y de empresas, la vida política en Bello experimenta comportamientos que afectan gravemente la democracia. El clientelismo y la corrupción son de por sí situaciones antidemocráticas, pero la situación va más allá cuando el asunto implica altas dosis de criminalidad y violencia organizada.

Hasta la Constitución de 1991 la política en Bello era competencia de barones electorales de corte tradicional. El clientelismo llegaba hasta los auxilios parlamentarios y la corrupción con los recursos públicos no era un problema que se hubiera desbordado, en gran parte porque los recursos que manejaba la administración local eran pocos.

Luego las cosas cambiaron dramáticamente. Con la apertura del sistema y los recursos de la descentralización una nueva clase política proveniente de Bello comenzó a tomar las riendas de la administración pública. El clientelismo a una nueva escala se apropió de la democracia y la pervirtió al punto que la Justicia tuvo que intervenir.

Los dos grandes líderes políticos que surgieron con la nueva constitución acabaron en prisión. A Rodrigo Arango Cadavid, quien fue alcalde de Bello entre 1998 y 2000, la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento por el desvío de más de 2.700 millones de pesos del presupuesto municipal. Y a Óscar Suárez Mira, también exalcalde de Bello y mucho más conocido por la opinión nacional, lo detuvieron por parapolítica. Luego de pasar 4 años en prisión y ser liberado volvió a ser acusado. Esta vez por enriquecimiento ilícito.

Actualmente se encuentra prófugo. Ante semejante prontuario uno pensaría que la ciudadanía debería estar indignada. Pues bien, la situación judicial de Óscar Suárez Mira no fue impedimento para que a finales de 2015 hiciera elegir a su hermano César como alcalde de Bello, quien en diciembre pasado fue acusado de falsificar su título de bachiller y remplazado por un alcalde provisional. Más aún, a finales de marzo se reunieron más de 10.000 personas en el municipio para reclamar por la libertad de Óscar Suárez Mira.

El caso de Suárez Mira no es el único. En ciudades también grandes como Bucaramanga y Cúcuta políticos que han pagado condenas como Hugo Aguilar y Ramiro Suárez Corzo siguen siendo grandes electores y, de necesitarlo, son capaces de movilizar multitudes en caso de decisiones judiciales en su contra.

¿Por qué la gente respalda a políticos como ellos? La respuesta no es fácil. Pero dos datos arrojan pistas. En Bello el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas es menor al 10% y en 2014 el hijo de Aguilar fue condecorado como el mejor gobernador del país en superación de la pobreza. Si la economía regional se organiza alrededor de la informalidad, la corrupción y, en ocasiones, la criminalidad, ¿qué tipo de mandatarios van a ser necesarios?

Gustavo Duncan | El País | @gusduncan

Nota aclaratoria: las opiniones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.

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