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No todo es malo

Publicado: Domingo, 16 de abril de 2017  |  1:34 am
Gustavo Duncan

Los políticos tan sólo sacaron provecho de las oportunidades que les ofrecían los narcotraficantes para financiar sus campañas y los grupos armados para amedrentar a sus competidores.

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El tema de la corrupción llegó para quedarse en la agenda política. Tanto así que la próxima campaña presidencial se va a debatir entre el discurso contra las concesiones a las Farc en el proceso de paz y el discurso anticorrupción. Pareciera que el problema, aun para los niveles de Colombia, ha alcanzado dimensiones preocupantes.

Quizá sea tan sólo el resultado del desmonte de las grandes organizaciones armadas irregulares del país. Ahora que no hay Farc, ni los siniestros grupos paramilitares de hace más de una década, la sociedad puede centrar su atención en otros problemas. Entonces se ha tropezado con una situación que venía de mucho tiempo atrás: la clase política es corrupta en extremo y eso no depende del narcotráfico y el conflicto.

Los políticos tan sólo sacaron provecho de las oportunidades que les ofrecían los narcotraficantes para financiar sus campañas y los grupos armados para amedrentar a sus competidores. Bajo esas circunstancias no sólo podían asegurar el control de los cargos públicos sino también la apropiación ilegal de los recursos del Estado, que ya de entrada era uno de sus principales motivos que tenían para participar en política. A cambio, la clase política ofrecía protección a las actividades criminales de narcotraficantes y grupos armados.

La esencia del Proceso 8000 y de la Parapolítica era esa transacción. Pero eso no quería decir que sin drogas y violencia la clase política no continuara centrando sus motivaciones en la captura de rentas públicas. Al día de hoy es evidente que la contratación de obras y servicios con el estado cumple las funciones de los antiguos carteles. A cambio de financiar las campañas se obtiene una tajada del pastel.

Por eso, no todo es tan malo. Al fin el país pareciera estar dispuesto a enfrentar la corrupción de manera directa, sin necesidad de desviarse a solucionar asuntos más apremiantes como lo fueron los carteles de la droga durante el Proceso 8000 y, luego, el paramilitarismo durante la Parapolítica. Ahora se trata de neutralizar la capacidad de políticos, funcionarios y contratistas de robar al estado.

Sin embargo, no todo es tan bueno, La domesticación de la clase política no sólo pasa por identificar y castigar a los corruptos y, necesariamente, obligarlos a devolver los recursos que ilegalmente se han apropiado. De la mano de un tratamiento más severo y riguroso con quienes administran el Estado y traicionan la confianza de la sociedad, debe haber un endurecimiento de la justicia contra los terceros por fuera de las administraciones públicas, que se benefician de la corrupción.

El objetivo más obvio son los contratistas públicos que pagan sobornos porque se apropian de un recurso que ya está en manos del Estado, pero existen muchos otros, quienes también pagan sobornos y cuyo interés está en evitar en que el Estado cobre los impuestos que por ley les corresponde o en evitar que el estado persiga sus actividades ilícitas. Es sí que Colombia tiene de las tasas tributarias más altas del mundo pero recolecta solo un 15% del PIB en impuestos, cuando países con tasas similares recolectan más del 20%.

Lo más grave es que son todos estos actores que pagan sobornos quienes mantienen en el poder a la clase política más corrupta, sin necesidad de rendir cuentas a la sociedad. Es simple: con tanto dinero y tanto clientelismo no necesitan de la aprobación de la ciudadanía.

Gustavo Duncan | El País.com.co | @gusduncan

Nota aclaratoria: las opiniones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.