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Panorama gris

Publicado: Domingo, 12 de noviembre de 2017  |  1:08 am
Gustavo Duncan

No pareciera haber temor de que la JEP también vaya a ser una herramienta para juzgar las actuaciones de varias ONG y movimientos que a todas luces colaboraron activamente con la insurgencia.

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Entre muchos empresarios y demás terceros civiles pareciera haber una sensación de zozobra ante la JEP. El temor es que se convierta en una cacería de brujas, en que cualquiera que haya pagado o le haya tocado interactuar con algún grupo paramilitar va a terminar siendo juzgado como un criminal de lesa humanidad. Incluso hay temor que se juzgue por circunstancias que estuvieron fuera de su control como fue el caso de Postobón y los distribuidores que pagaron a los paramilitares en el Cesar.

Vargas Lleras y el uribismo han explotado este miedo como parte de su estrategia de campaña. Su éxito no se explica por el temor del gran empresariado, ellos tenían protección del Estado, sino porque existe en las regiones un empresariado medio y pequeño que padeció el conflicto y que sí tiene por qué temer si ciertos comportamientos, como el pago a los paramilitares, son suficientes para ser llamados por la Justicia. Esa es la fuente de tantos votos contra los acuerdos.

Lo paradójico es que desde otros sectores de la sociedad civil como son diversas ONG y movimientos sociales la sensación es que efectivamente la JEP es una oportunidad para llevar ante la justicia al empresariado y a terceros de manera general. En otras palabras, es la oportunidad de demostrar ante los tribunales que el conflicto en Colombia fue una lucha de clases, en que un sector de la oligarquía utilizó ejércitos privados para reprimir reivindicaciones sociales.

No pareciera haber temor de que la JEP también vaya a ser una herramienta para juzgar las actuaciones de varias ONG y movimientos que a todas luces colaboraron activamente con la insurgencia. Hay pruebas contundentes como videos y testimonios. Por solo poner un ejemplo: el Partido Comunista colombiano, como lo admiten algunos de sus miembros y lo prueba cualquier cantidad de evidencia, fue el creador de las Farc y tuvo relaciones cercanas al menos hasta principios de los 90. ¿No deberían ir a la JEP también sus dirigentes históricos?

Sorprende también la tranquilidad de las propias Farc en la actual coyuntura. Si el ambiente continúa crispándose y la derecha llega a ganar las elecciones corren el riesgo de que le incumplan lo acordado y terminen en una prisión. No es ni siquiera necesario hacer trizas los acuerdos para incumplir. Basta que aparezca una caleta millonaria para enviarlos a la justicia ordinaria. El precedente de los paramilitares extraditados debe ser aterrador para ‘Timochenko’, ‘Márquez’ y demás.

Ante semejante panorama tan gris para legitimar la paz, nada extraño que Santos tenga tantos problemas para sacar adelante la JEP en el congreso. Si una gran parte del país sucumbe a la paranoia y otra parte importante anuncia que van a ir por empresarios y terceros será muy difícil que se llegue a algún acuerdo entre las fuerzas políticas más allá de lo que se dicte en el papel, de modo que la paz en los campos sea también la paz en la arena política.

Lo sorprendente es que Santos hace muy poco por alcanzar un acuerdo en lo político. Es una tarea que le corresponde a él por obligación: fue quien llevó a cabo el proceso en La Habana y es quien tiene que asegurar la paz política como parte de su legado. Debería al menos empezar por tranquilizar a los empresarios medios y pequeños y lanzar una advertencia a las ONG y movimientos sociales que la JEP es también para quienes de ellos guardan grandes responsabilidades.

Gustavo Duncan | El País | @gusduncan

Nota aclaratoria: las opiniones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.