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Peor de lo esperado

Publicado: Sábado, 02 de septiembre de 2017  |  11:34 pm
Gustavo Duncan

Cada vez adquieren más sentido las razones por las cuales, en su momento, la Corte no pudo obligar a Jorge Petrelt, uno de sus miembros, a renunciar luego de que fuera salpicado por un escándalo de venta de fallos judiciales. Todos estaban tan untados que si presionaban mucho a Petrelt podían terminar salpicados.

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Era difícil imaginarse que uno pudiera sentir empatía por un personaje como Musa Besaile, pero sus revelaciones sobre cómo la clase política investigada por paramilitarismo y otros delitos era extorsionada por los magistrados de la Corte Suprema son escalofriantes. Muestran, con toda la crudeza del caso, que la rama Judicial también quiere hacerse a una tajada del botín de la corrupción en el país, así sea mediante el más puro chantaje.

Cada vez adquieren más sentido las razones por las cuales, en su momento, la Corte no pudo obligar a Jorge Petrelt, uno de sus miembros, a renunciar luego de que fuera salpicado por un escándalo de venta de fallos judiciales. Todos estaban tan untados que si presionaban mucho a Petrelt podían terminar salpicados.

Pero al margen de los detalles del chantaje y la humillación a la que sometían a los Musas y Julios Manzur, lo que queda claro es que la crisis de las Altas Cortes es peor de lo esperado. Ante todo, preocupa que la corrupción a través de la venta de fallos solamente era posible si existía una estructura corporativa, o al menos actuaciones corporativas, que permitiera que se tomaran decisiones tan polémicas.

Si no se garantizaba que a las cortes llegaran un mínimo de magistrados y de auxiliares que respaldaran los fallos y que cubrieran las espaldas ante decisiones judiciales que evidentemente iban contra el sentido común del derecho, no era posible que magistrados como Bustos y Ricaurte hubieran armado el mecanismo de chantaje que ahora el país conoce. El abogado LuisGustavo Moreno, por ejemplo, es la demostración viva que era necesario tener fichas no solamente en la Corte sino en la Fiscalía y en oficinas de litigantes para que el mecanismo funcionara.

No es de extrañar, por consiguiente, que el aparato judicial esté repleto de nombramientos y de funcionarios que respondan a la lógica y a los intereses corporativos de una serie de magistrados corruptos. Con semejante nómina de operadores judiciales lo normal es que la Justicia en Colombia esté incapacitada para ser un aliado de la lucha contra la corrupción sistemática de la política y para ofrecer garantías a aquellos acusados que sean inocentes.

Más allá de la empatía que uno pueda sentir por Musa y demás políticos que fueron víctimas del chantaje de papá Bustos y Moreno, no puede pasarse por alto que es muy probable que se tratara de ‘víctimas culpables’ en el sentido que efectivamente eran extorsionados, pero por un delito que sí cometieron. La empatía con Musa y con Manzur se acaba cuando se indaga a mayor profundidad en el contexto donde hicieron políticas y de revisar ciertas evidencias en su contra.

De hecho, Musa admitió haber cometido un delito, haber pagado un par de miles de millones para obtener un fallo absolutorio, así fuera producto de un chantaje. De un senador lo mínimo que se hubiera podido esperar es que denunciara la situación y no se prestara para todo el montaje de corrupción.

Con toda razón muchas voces claman por la creación de un Tribunal de Aforados que le ponga dientes a la Justicia cuando se trata de juzgar a los altos funcionarios, pues la actual Comisión de Acusaciones de la Cámara es un chiste de mal gusto. Hoy, así haya que ser escépticos, es más urgente que nunca esta figura. La corrupción no es solamente de la Justicia sino de todo el sistema de gobierno que eventualmente pondrá en marcha este o cualquier otro tribunal.

Gustavo Duncan | El País | @gusduncan

Nota aclaratoria: las opiniones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.