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Publicado: Domingo, 16 de julio de 2017  |  10:04 am
John Elvis Vera Suárez

En otros 12, los respectivos concejos municipales, a través de acuerdos, se han manifestado en rechazo de dichas actividades que las consideran como una gran amenaza que destruiría su territorio.

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Son ya ocho las comunidades de diferentes municipios colombianos, que se han manifestado con rotundos ‘No’, a través de consultas populares, avaladas por la propia ley y la Constitución Nacional de Colombia, algunas en contra de la megaminería a cielo abierto y otras en contra de la explotación petrolera.

En al menos 16 municipios más, esparcidos por la geografía nacional, existen procesos que buscan la posibilidad de expresarse de igual manera respecto a la locomotora minero-energética y van en aumento. 

San Vicente, San Martín, El Carmen, Yopal, Agua Azul, Paz de Ariporo, Monterrey, Uribe, Guamal, Villa Hermosa, Ortega, Íquira, Paujil, Morelia, Valparaíso, Montañita.

En otros 12, los respectivos concejos municipales, a través de acuerdos, se han manifestado en rechazo de dichas actividades que las consideran como una gran amenaza que destruiría su territorio, el territorio de su propio pueblo, el de su comunidad.

Estos son, Támesis, Jericó, San Agustín, Acevedo, El Agrado, Tarqui, Pitalito, Oporapa, Altamira, Elías, Timaná, Doncello.

Los gremios que representan los intereses de las multinacionales petroleras y mineras, junto a sus áulicos en el alto gobierno, están profundizando una campaña que pretende desconocer las decisiones del “constituyente primario”.

En primer lugar algunos de esos cortesanos, ostentando y vanagloriándose por su posición gubernamental y pública, vienen anunciando por los medios masivos de comunicación, su desconocimiento a los resultados electorales de las consultas.

Ahora último amenazan con más impuestos si no apoyamos sus pretensiones para que las grandes empresas primordialmente multinacionales, puedan continuar expoliando nuestros territorios. Para que además estos personajes, sigan recibiendo jugosas propinas por servir de mensajeros y lobistas.

En una manguala del gobierno nacional y sus entidades del ramo con el sector privado dedicado a dicho renglón económico, están ya conspirando para cambiar la legislación y poder así contrarrestar el poder vinculante de las consultas populares.

Lo hemos asegurado en reiteradas ocasiones, que el lograr parar el conflicto armado interno, lo cual apoyamos decididamente, no implica necesariamente que los enfrentamientos sociales desaparezcan. 

Es más, con este modelo económico impuesto que quiere seguir avanzando y avasallando nuestros territorios, los conflictos socio-ambientales se profundizarán y ampliarán por todos los rincones.

Cada día más sectores de la sociedad se expresan en contra de la destrucción de nuestras tierras, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros paisajes. El gobierno central se empeña en poner a disposición de la gran maquinaria minera destructora, toda la extensión colombiana.

Mientras ya, la mayor parte de los alimentos consumidos por los colombianos y colombianas, son importados gracias a los TLC, pequeños y medianos productores se empobrecen y ven como sus comunidades son cercadas por los monocultivos agro-exportadores y las tierras de los nuevos mineros.

Ahora bien, no nos hagamos ilusiones con la llamada pequeña (¿?) y artesanal (¿?) minería. Junto a ella se vierten toneladas de mercurio y/o cianuro, contaminando nuestros ríos, causando extinciones de los peces de consumo tradicional y graves daños a la salud humana.

John Elvis Vera Suárez | Crónica del Quindío

Nota aclaratoria: las opiniones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.