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Razones de corruptos

Publicado: Sábado, 30 de julio de 2016  |  6:50 pm
Gustavo Duncan

La corrupción es de lejos el asunto más apremiante de política pública. Sin unas instituciones y agencias estatales capaces de ejecutar las distintas decisiones de gobierno, no habrá manera de atender las necesidades de la población.

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El grueso de los analistas coincide que ya hoy el principal problema de Colombia no es la violencia que se deriva del conflicto sino la corrupción. Incluso, celebran la eventual firma de un acuerdo como una oportunidad para que el Estado y la sociedad concentren sus energías y recursos en resolver los problemas normales de un país, empezando por supuesto con la corrupción.

No están equivocados, la corrupción es de lejos el asunto más apremiante de política pública. Sin unas instituciones y agencias estatales capaces de ejecutar las distintas decisiones de gobierno, no habrá manera de atender las necesidades de la población, de proveer bienes públicos y de aliviar las condiciones de exclusión y pobreza de muchos habitantes. O por lo menos no de una manera efectiva y eficiente.

Sin embargo, el tema no puede ser abordado desde una perspectiva de simple voluntarismo. La proliferación de la corrupción en Colombia obedece a razones que van más allá de las voluntades de los involucrados, o como se ha llamado de ‘una cultura muy difundida entre nosotros’. De eso hay bastante, es cierto, pero no puede pasarse por alto que también hay razones estructurales en la organización de la economía y la política que explica el problema.

Estas razones estructurales tienen que ver con toda una economía política que se ha instalado entre amplios sectores sociales. Allí donde los mercados formales no funcionan, la corrupción se convierte en un mecanismo de defensa de los medios de vida de quienes dependen de la informalidad, la economía subterránea, las rentas públicas y la criminalidad organizada. Es una confluencia social de los más diversos orígenes, desde vendedores ambulantes hasta contratistas de la talla de los Nule, pasando por traquetos, politiqueros y contrabandistas.

Todos ellos tienen claro que su negocio solo puede funcionar si existe una institucionalidad laxa que evite que las leyes y normas del Estado se apliquen tal como están establecidas. Si fuera así no habría a la vista de todos los ciudadanos ventas ambulantes, sanandrecitos, compra de votos, piratería, plazas de vicios, contratos de obras que no se realizan, etc.

El problema es que demasiada gente encuentra por fuera del mercado formal la única manera de acceder a un ingreso, a un trabajo o a un bien público. El PIB del sector informal puede no ser mayor que el formal, pero el empleo sí es ligeramente superior. Para efectos prácticos toda esa gente va a elegir a aquellos políticos que aunque reproduzcan la corrupción del sistema garantizan la continuidad de sus medios de vida.

De allí que toda la fauna social que vive por fuera de los mercados formales coordine sus acciones, por las buenas y por las malas, para respaldar una clase política que si bien es sumamente corrupta e impone unos enormes costos a la provisión de bienes públicos, le es funcional a sus intereses. De hecho el costo social de la corrupción es el precio que estos sectores están más que dispuestos a pagar para poder sobrevivir.

En consecuencia, la corrupción no se va a solucionar solo a través de procesos de selección por méritos de funcionarios, de concientización social, de promoción de la vigilancia ciudadana y demás acciones necesarias en el corto plazo. El desafío es la ampliación del sector formal de la economía, de modo que una mayor parte de la sociedad se preocupe por exigir que la política se depure.

Gustavo Duncan / El País.com.co

Nota aclaratoria: las opiniones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.

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