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Rumbo al estado de crispación colectiva

Publicado: Domingo, 23 de julio de 2017  |  1:06 am
Pedro Medellín Torres

En el momento en que el enfrentamiento entre el ex Presidente Uribe y el columnista de Semana Daniel Samper, llegaba a niveles inesperados, el Instituto de Medicina Legal publicaba los resultados consolidados de su informe institucional sobre la violencia en 2016.

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El grado de tensión y conflicto al que han llegado los seguidores y defensores de uno y otro, es apenas un ridículo reflejo del estado de intransigencia colectiva que se vive entre los colombianos.

El reporte muestra la continuación del descenso en la tasa de homicidios en el país. Aunque leve, los homicidios se reducen de 11.585 casos en 2015 (es decir, una tasa de 24.03 por cada 100 mil habitantes), a 11.532 en 2016 (una tasa de 23.66 por cada 100 mil habitantes). Este resultado se explica por la caída significativa de los homicidios provocados por el conflicto armado, que cayó de un año a otro de 346 casos a 210 registrados el año anterior.

Podría decirse que este resultado es una de las pruebas del beneficio logrado por el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares en el gobierno Uribe, y sobre todo por las negociaciones de la Habana con las FARC en el gobierno Santos. El dato adquiere todavía más importancia, cuando se observa que los 210 homicidios registrados el año pasado, sólo representan el 10% del total de los homicidios vinculados al conflicto armado que se producían 10 años atrás, cuando los reportes daban cuenta de 2.134 homicidios en 2006.

Sin embargo, no hay dicha completa. El informe muestra cómo la intolerancia se ha convertido en el principal obstáculo para reducir la violencia. Desde el punto de vista del conflicto armado, es una de las razones que está detrás de los 149 líderes políticos y sociales asesinados que impidieron que la tasa de homicidios pudiera vencer la barrera de los 20 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Más grave aún, es el peso que ha ganado la intolerancia colectiva como razón de la violencia cotidiana en el país. Según Medicina Legal, la reacción intolerante de las personas, fue la causa en dos de cada tres homicidios ocurridos el año pasado. Y no sólo se trata de un fenómeno esencialmente urbano (al concentrar ocho de cada diez casos registrados en el año), sino que además se ensañó en los sectores más críticos de la sociedad. Dos datos ilustrativos: en 2016, cada que transcurrió un día y medio, era cometido un homicidio contra un menor de edad; una de cada dos personas muertas por razones de violencia tenía entre 18 y 34 años, lo cual constituye una pérdida incalculable de valor para el país.

La combinación de la intolerancia ligada al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, con un arma de fuego disponible, se constituyó en factor determinante de las muertes violentas en el país en el año anterior. Pese a la prohibición de porte ordenada por el Presidente Santos, las armas de fuego estuvieron presenten en 7 de cada 10 homicidios registrados en 2016.

Lo más grave es que esos 11.532 homicidios, pudieron haber sido muchos más, de no ser por los 270.967 casos de lesiones personales registrados en 2016, no pasaron a mayores. Es claro que, en muchos de estos casos, la pronta reacción de los vecinos o los médicos en la atención de la víctima, o la acción rápida de ciudadanos o la policía al impedir que la agresión fuera mayor, o simplemente porque el victimario no quiso ir más allá, pudieron evitar que la tasa de homicidios no regresara a los niveles que había registrado en el pasado. 

El peso que la intolerancia va ganando en las distintas expresiones de la violencia intrafamiliar, económica y sexual, como rasgo distintivo del comportamiento colectivo de los colombianos en la resolución de sus conflictos, nos ponen ante una sociedad que cada vez más está llegando a una creciente situación de crispación social.

No son pocos los estudios que muestran cómo la presión económica y social que están ejerciendo el desempleo, la falta de oportunidades laborales, las desigualdades en el ingreso de las personas, o la inestabilidad que produce el que uno de cada dos trabajadores esté en condiciones de informalidad (es decir, salarios por debajo del permitido, sin seguridad social, horarios no autorizados o trabajos inhumanos), están afectando la estabilidad emocional de las personas (según Medicina Legal, en 2016 se produjeron 2.310 suicidios, 242 casos más que en 2015). Lo que no teníamos claro, era cómo esa intolerancia también nos estaba poniendo ante un ambiente de creciente tensión y conflicto social.

Pese a que hoy hay mayor presencia del Estado y que ha hecho un mayor esfuerzo en la extensión y prestación de servicios públicos y en el mejoramiento de condiciones de vida de la población, los reclamos de los sectores medios y pobres de la sociedades son cada vez mas fuertes y confrontacionales. Sus formas de expresión y movilización, además de crear una atmósfera colectiva favorable a la reivindicación de los derechos económicos y sociales por parte de indígenas, campesinos, desplazados y sectores marginales urbanos, también está mostrando que cada vez más la gente está dispuesta a recurrir a las vías de hecho, para obtener lo que reclama.

El terreno para la crispación está abonado. Lo grave es que la explosión de fenómenos como la corrupción de políticos y jueces, o el mensaje equívoco que envía el gobierno con los beneficios que entrega a los guerrilleros que han dejado sus armas, comienza a convertirse en un factor que alimenta la rabia social. Ya no solo contra el Estado, sino entre la misma población que tomó una posición (a favor o en contra) de los acuerdos con las FARC.

El ambiente de polarización política que hasta hace unos meses había copado a los sectores medios y altos de la sociedad colombiana, en torno a las pugnas Uribe-Santos o a los debates sobre los mecanismos de la implementación, al tiempo que se desplaza a los sectores mas pobres de la sociedad, serán muy rápidamente desbordados por otras confrontaciones de mayor profundidad y calado social.

Ahí, por más que se atiendan las reclamaciones, ya no habrá forma para contener eso que llamamos “el estado de crispación colectiva”. Es la apuesta de los sectores más disimiles de la sociedad, con la que cada quien espera obtener beneficios, y en la que cada quien ya sabe que la violencia también es un camino para resolver las diferencias. Un estado crispación que sabemos como comienza, pero no como va a terminar.

Pedro Medellín Torres | Revista Semana

Nota aclaratoria: las opiniones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.

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