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Tierra de vivos

Publicado: Domingo, 25 de junio de 2017  |  9:17 am
Alejandro Samper

Los ambientalistas señalan que la urbanización pone en peligro el 35% de las reservas hídricas de Manizales. Además, recientemente en el Concejo se armó un barullo porque algunos cabildantes se acusaron mutuamente de recibir dádivas de la constructora CFC.

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Unas 500 casas ya se han vendido del proyecto Tierra Viva, de las 2.300 viviendas que se tienen planeadas. La obra, que se construirá en predios de la finca La Aurora, es ambiciosa: una avenida de 45 metros de ancho y 820 metros de longitud, sistemas de clasificación de basuras, canalizaciones y desagües especiales… Quien lea y vea dibujos del proyecto se enamora, pero del render y la labia a los hechos hay mucho trecho.

Tierra Viva está rodeada de polémica. Es un tema espinoso con respecto al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad pues se construirá muy cerca de la reserva Río Blanco. Los ambientalistas señalan que la urbanización pone en peligro el 35% de las reservas hídricas de Manizales. Además, recientemente en el Concejo se armó un barullo porque algunos cabildantes se acusaron mutuamente de recibir dádivas de la constructora CFC para que le den el visto bueno a su plan al este de la ciudad. 

Albeiro Montoya Arias, gerente técnico y socio de la constructora CFC, señala a los opositores del proyecto de regar información falsa para engañar a la comunidad. Además, en las visitas que hicieron los concejales a la zona desde la firma de ingenieros les aseguraron que todo se construiría en un potrero. Y es cierto, al ver las imágenes del área (aquí las pueden ver: http://bit.ly/2qT9U8q) se nota que ese terreno se destinó a la ganadería, pero no de manera fortuita.

Las fotos evidencian que la mano del hombre pasó por allí y se devoró el bosque de niebla. Un parche verde, como el green de un campo de golf, en medio de un tupido monte lleno de selva nativa, unas 362 especies de aves y la que es considerada la zona con mayor diversidad de mamíferos del país.

Puede que CFC asegure -con sus abogados y especialistas pagados de su bolsillo- que el ecosistema está blindado, pero no nos digamos mentiras: la urbe trae desarrollo y contaminación. Con el paso del tiempo más y más gente querrá irse a vivir por allá, y quienes allí estén encontrarán conveniente que les construyan un supermercado cerca. Y una clínica, y restaurantes, y almacenes y, por qué no, ¡un centro comercial! Dudo que Zara tenga una colección de temporada para el mono aullador o McDonalds un menú para el oso de anteojos.

A ese bosque le espera el mismo triste destino que Monteleón: se lo irán comiendo de a poco las viviendas, pero de otro estrato. 

Pero digamos que las anteriores observaciones corresponden a “información falsa”, según Montoya Arias. Entonces vamos a otra cosa que dijo el gerente técnico a LA PATRIA (http://bit.ly/2tz9KFA): que los compradores pueden estar “confiados y tranquilos”, pero falta la “tramitología”.

Tierra Viva arrancó a vender a pesar de no tener todos los permisos. Una práctica de los constructores para buscar capital con el fin de arrancar sus proyectos. Montoya Arias asegura que el valor de la vivienda “no va a subir”, pero él no tiene una bola de cristal para saber si el costo de los materiales de construcción variarán, si requerirán más mano de obra o hay imprevistos de última hora (¿recuerdan Aerocafé y los terraplenes?). Todas esas cosas repercuten, no en la constructora sino en quien compró la vivienda.

Y si fallan, siempre podrán considerarse en quiebra y llevar la empresa a liquidación. Como ocurrió con la constructora CDO y las víctimas del edificio Space en Medellín. Como sucede con la constructora Palacio Valencia Limitada y los 500 apartamentos vendidos en 2013 en Santa Marta y cuyo proyecto inmobiliario no arranca y tampoco devuelve el dinero a los clientes que lo piden. Y como lo hizo el constructor Gustavo Castaño Loaiza, quien hoy no da la cara a quienes compraron sus casas en el conjunto Santa María del Camino y que esta semana casi ven cómo la Alcaldía, por orden de un juez de la República, entra a demoler sus muros y patios traseros por no cumplir la norma de linderos con sus vecinos.

Al final quien paga el pato son quienes compraron y, en el caso de Tierra Viva, el medio ambiente. Porque el mundo de los constructores se volvió tierra de vivos.

Alejandro Samper | Diario La Patria

Nota aclaratoria: las opiniones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.