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Un tribunal positivista

Publicado: Sábado, 30 de septiembre de 2017  |  11:08 pm
Eduardo Cardona Mora

Considera el Tribunal que al existir una investigación en contra del edil por parte de la Contraloría, este debió declararse impedido para elegir contralor. Lo cierto es que sí y no hay duda de su imprudencia, pero la pregunta de acuerdo al precedente debió ser : ¿hubo culpa o dolo para obtener un beneficio?.

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Pereira es epicentro de un enfrentamiento secular entre dos escuelas del derecho: la positivista y la hermenéutica. La primera tan respetable como la segunda encuentra en la literalidad de la ley la solución a los problemas que plantea el derecho bajo el argumento de la protección de la seguridad jurídica y prefiere activar automáticamente las consecuencias que trae un norma con la simple verificación de unos presupuestos fácticos (hechos) sin inmiscuirse en razones de tipo subjetivo.

La escuela hermenéutica a la que algunos pertenecemos, se guía por la “ratio legis” o razón de la ley, criterio de interpretación jurídica que antes de imponer una sanción establecida en una norma, exige realizarse algunas preguntas: ¿para qué es esta ley?, ¿qué buscaba el legislador?. La unidad que tuvo el tribunal en primera instancia en el fallo que decretó la pérdida de investidura del concejal Gallo no es otra cosa que la ratificación de la membresía de sus jueces a la escuela positivista.

Dos recientes sentencias de unificación, una del Consejo de Estado del 27 de septiembre de 2016 y otra de la Corte Constitucional (SU 424 de 2016) en materia de pérdida de investidura que constituyen el precedente vertical (fallos de los superiores que deben acatar los inferiores), demuestran que actualmente la tendencia hermenéutica predomina en las altas cortes. Dichos precedentes son claros en ordenarle al juez de inferior jerarquía la ineludible tarea de analizar la intencionalidad (análisis subjetivo) del demandado en busca de la culpabilidad (dolo o culpa) como requisito indispensable para demostrar que el portador de la investidura “lesionó la dignidad del cargo y el principio de representación que el constituyente buscó proteger”.

Considera el Tribunal que al existir una investigación en contra del edil por parte de la Contraloría, este debió declararse impedido para elegir contralor. Lo cierto es que sí y no hay duda de su imprudencia, pero la pregunta de acuerdo al precedente debió ser : ¿hubo culpa o dolo para obtener un beneficio?. La respuesta hubiera sido que no, porque nadie se beneficia con el cierre posterior a la votación de una investigación fiscal, cuando se tiene la certeza de que jamás iba a prosperar, debido a que nació muerta por ser producto de un error.

En palabras de la Corte Constitucional “(..) el principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura constituye una norma aplicable, de inevitable observancia”, y continúa “(…) a la luz de un régimen de responsabilidad subjetiva, como el aplicable a la pérdida de investidura, no es posible imponer una sanción perpetua sin antes hacer un análisis subjetivo de la configuración de la causal”.

El Consejo de Estado dijo sobre su sentencia de unificación que sería en adelante “el precedente y la regla que habrá de aplicarse a partir de la ejecutoria de esta providencia en todos los procesos de pérdida de la investidura. Por tanto, en cada caso, deberá comprobarse la existencia del elemento de culpabilidad, por tratarse de un régimen sancionatorio de tipo subjetivo”.

Sigo cuestionando esta administración, pero no comparto el fallo. El Consejo de Estado tiene la palabra.

Eduardo Cardona Mora | El Diario

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