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Error fatal

Publicado: Domingo, 15 de octubre de 2017  |  12:21 am

Al entrar a las zonas de cultivos con la consigna de destruir los cultivos de coca la reacción de las comunidades es hostil a la Fuerza Pública. En consecuencia, el Estado tiene demasiados problemas para ejercer un control efectivo del territorio y la población.

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Gustavo Duncan | Cali | 15 OCT 2017 - 12:21 am

Lo sucedido en Tumaco, donde al parecer la Policía estuvo involucrada en el asesinato de varios cocaleros, es producto de un error que proviene más de la estrategia de seguridad del Gobierno que del despliegue operativo de la Fuerza Pública. Mientras los campesinos que cultivan coca sigan siendo criminalizados, será muy complicado para el Estado evitar que en las comunidades controladas por las Farc se impongan sus disidencias o incursionen de la Bacrim.

El problema arranca en una contradicción del presidente Santos. Ante las audiencias internacionales ha sentado una posición audaz a favor de la legalización. Sin embargo, ha sido totalmente incapaz de imponer una agenda de sustitución que no parta de la erradicación. 

Al entrar a las zonas de cultivos con la consigna de destruir los cultivos de coca la reacción de las comunidades es hostil a la Fuerza Pública. En consecuencia, el Estado tiene demasiados problemas para ejercer un control efectivo del territorio y la población.

Si por alguna razón, los disidentes de las Farc y las Bacrim actúan como Estado de las comunidades cocaleras es porque protegen su principal medio de vida. Eso a pesar de todas las arbitrariedades y abusos que recurrentemente cometen contra las comunidades. La garantía de un ingreso estable en medio de la selva, así apenas sea superior a un salario de subsistencia, es el principal motivo para apoyar a los criminales en vez de al Estado.

Al criminalizar a los sembradores de coca, el Gobierno está creando unas condiciones muy complicadas para adelantar un proceso de erradicación manual de cultivos, eso sin mencionar lo difícil que hace el proceso de sustitución tal como se plantea en los acuerdos. Pero, además, genera un obstáculo casi que insalvable para el que debería ser el principal objetivo del posconflicto: evitar que las Bacrim y las disidencias de las Farc copen los espacios dejados por la desmovilización de las Farc y pongan en riesgo la paz alcanzada.

En efecto, lo prioritario hoy es precisamente garantizar las condiciones mínimas de seguridad para la población de regiones periféricas que a lo largo de las últimas décadas ha sufrido con mayor intensidad el peso del conflicto. Y la imposición del monopolio de las armas por el Estado es la mejor fuente de seguridad para esta población.

De seguro quedarán organizaciones criminales que se encarguen de explotar las economías ilegales, en especial los cultivos de coca, los laboratorios de cocaína y los corredores para su exportación. El Estado colombiano a lo sumo podrá reducir las cantidades cultivadas, fabricadas y producidas. Pero ese es un problema menor si se compara con el gobierno que organizaciones criminales –bacrim y ‘farcrines’- tengan de la población y toda la victimización que de allí se desprenda.

Si se logra que los narcotraficantes solamente trafiquen drogas y no gobiernen numerosas comunidades del país, más de la mitad de la tarea del posconflicto estará hecha.

Santos la tiene difícil en la actual coyuntura. Por un lado, no tiene mayor capacidad fiscal para un proceso de sustitución serio y, por el otro lado, la presión de Trump para reducir los cultivos le quita mucho margen de maniobra para llevar a cabo una política de copamiento del territorio sin necesidad de erradicar en el corto plazo para no echarse encima a los campesinos.

Habrá que esperar que alternativas ofrecen los candidatos para el 2018.

Gustavo Duncan | El País.com.co | @gusduncan

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