La Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado por 18 años a la exalcaldesa de Armenia, Quindío, Luz Piedad Valencia Franco, por su participación en actos de corrupción relacionados con contratos de infraestructura vial que involucraron alrededor de 17 mil millones de pesos provenientes de recursos de valorización.
Además de la exalcaldesa, la Procuraduría también destituyó e inhabilitó por 15 años al entonces secretario de Infraestructura, Julio César Escobar Posada, y a los entonces director y subdirector del Departamento Administrativo Jurídico, Ricardo Arturo Ramírez Londoño y Juan Sebastián Londoño Forero, respectivamente.
Según el Ministerio Público, al parecer Valencia Franco estuvo involucrada en acuerdos ilegales entre su esposo y el contratista Fernando León Díez para asegurar la adjudicación de contratos de obras públicas en favor de las empresas que representaban. Como resultado de este acuerdo ilícito, Fernando León Díez Cardona, representante de las uniones temporales Vías de Armenia y Puentes de Armenia, obtuvo la responsabilidad de diez obras aprobadas por el Concejo Municipal de Armenia.
Para dar apariencia de legalidad, la exalcaldesa delegó facultades de contratación al Departamento Administrativo Jurídico y a la Secretaría de Infraestructura. Esto permitió que la Secretaría de Infraestructura suscribiera contratos con la Empresa de Desarrollo Urbano – EDUA, los cuales precedieron a los contratos de obras desarrollados por el equipo de la constructora Diez Cardona.
La exalcaldesa incurrió en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, suscripción de los contratos interadministrativos 010 y 013 de 2015 con la EDUA, los contratos Nos. 012 y 031 de 2015 y el acuerdo de voluntades de interventoría No. 015 de 2015 firmado con el Consorcio interventoría armenia, sin requisitos legales y peculado en provecho propio y de terceros..
En el caso del secretario de Infraestructura Municipal, Julio Escobar Posada, se determinó que también participó en las mismas conductas imputadas a la exmandataria municipal al suscribir contratos interadministrativos con la EDUA basado en la delegación otorgada por la alcaldesa Valencia Franco, mediante Resolución 059 de 2013.
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El director del Departamento Jurídico del municipio de Armenia, Ricardo Ramírez Londoño, fue encontrado responsable de concertarse para cometer conductas delictivas y por la celebración de contrato sin requisitos legales.
Por su parte, el entonces subdirector del Departamento Administrativo Jurídico, Juan Sebastián Londoño, fue considerado responsable de falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin requisitos legales, al tramitar y adjudicar dos licitaciones públicas y también suscribir los contratos de interventoría 015 de 2015 y 01 de 2016.
La Procuraduría calificó las conductas de los investigados como gravísimas a título de dolo. Esta decisión podrá ser apelada ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
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