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Por más de $7.000 millones deben responder capturados por presunta corrupción en Cartago

Publicado: Jueves, 27 de abril de 2017  |  3:13 pm

Los cobros lo hacían terceros por ventanilla del Banco de Occidente a través de un código o pin, retiraban el dinero y luego se lo entregaban a un enlace, quien les daba una comisión.

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CiudadRegion.com | Cartago | 27 ABR 2017 - 11:28 pm

Los retiros de dinero eran sistemáticos y repetidos en un promedio de $25 millones por transacción, y lo hacían a diario

En la madrugada de este jueves 27 de abril, la Fiscalía General de la nación, a través de agentes del CTI dio captura al exalcalde de Cartago German González Osorio, sus ex secretarios de Hacienda Martha Lucía Vélez Mejía y Luis Fernando Adarve Villa, la ex tesorera Gloria Inés González Quintero y personas particulares, vinculadas a un proceso penal por el delito de presunto concierto para delinquir, peculado por apropiación, desviación de recursos, entre otros.

Plan Municipal de Aguas.

El Alcalde de Cartago German González Osorio obtuvo de las entidades financieras, desembolsos por 31.000 millones de pesos, los cuales deberían ser utilizados en los proyectos de inversión de agua potable y saneamiento básico y para ello, se realizó un contrato interadministrativo, “Plan municipal de aguas”, con las Empresas Municipales de Cartago.

El daño patrimonial.

La administración municipal de Cartago presentó el proyecto del “Plan Municipal de Aguas”, para lo cual en la vigencia del año 2010, se desembolsaron en favor del municipio de Cartago $15.000 millones de pesos, estos recursos se transfirieron a otras cuentas bancarias y de los cuales se desvió la suma de $3.852’088.228.

Para el mismo proyecto en la vigencia fiscal 2011 se obtuvieron recursos de la Promotora Infipereira por un valor de $16.000 millones, transfiriéndose a otras cuentas y de los cuales se desvió la suma de $3.509 millones de pesos. Ambos recursos gozan además de la característica de haber tenido una destinación diferente a financiar el proyecto Plan Municipal de Aguas., por lo cual los implicados deben responder por la suma de $7.361’088.228.oo que es la suma faltante del “Plan Municipal de Aguas” hasta el momento, sin embargo la Fiscalía se reserva otras investigaciones en donde presuntamente existan otros faltantes.

Destinación de los recursos.

Dentro de la investigación, las autoridades encontraron que los recursos que debían ser consignados en las cuentas del proyecto “Plan Municipal de aguas”, se consignaron en otras muy diferentes, para darle un manejo como recursos propios, de tal manera, que la suma de $3.852’088.228 faltante en la vigencia de 2010 y la suma de  $3.509’000.000 faltante en la vigencia de 2011, fueron entregados a particulares, es decir a favor de terceros sin que se evidenciaran contratos de prestación de servicios o laborales, simplemente estas personas obtuvieron pagos que se hicieron en la modalidad de cobro directo por ventanilla del Banco Occidente con un simple código o pin.

Modus Operandi

Presuntamente una persona era la encargada de contactar a todas las personas particulares, para que cada una de ellas realizará un cobro por ventanilla del Banco de Occidente a través de un código o pin, en este caso, y en casi todas las veces, los retiros los hacían por $25 millones, otros por $30 millones, estas personas se contactaban con el enlace que recibía el dinero y le entregaba la comisión, la mayoría de ellos hacían retiros diarios, y por las mismas sumas de dinero, evidenciándose que una sola persona pudo realizar cinco retiros por $30 millones cada uno cada día.

Los implicados.

“Durante la vigencia 2010-2011 varios funcionarios participaron de la administración municipal, no queriendo decir que todos estén implicados” dijo la fuente, en el caso de la entonces Tesorera Martha Lucia Vélez Mejía, se posesionó como Secretaria de Hacienda el 01 de enero 2008 y renunció el 30 de agosto de 2010, por lo cual y de acuerdo a la Fiscalía, debe responder por la suma de $730 millones que fueron entregados a terceros sin ninguna justificación contractual presunto detrimento ocurrido en julio del año 2010, como también la  presunta pérdida de $420 millones que no aparecen y que aparecen perdidos en el mes de agosto de 2010.

Sobre la implicación de la Diputada del Valle en este asunto Martha Lucia Vélez Mejía, quien al parecer fue trasladada a la ciudad de Bogotá, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca la absolvió de responsabilidad fiscal, como también a los implicados fiscales en ese periodo Gustavo Adolfo Rengifo Arbeláez y Nancy Helena Cardona Patiño como alcaldes encargados, y a Mario Núñez Florez como contador del municipio. La Contraloría determino que ellos eran ajenos al presunto detrimento y los absolvió fiscalmente.

La señora Gloria Inés González Quintero, de acuerdo a la Fiscalía, debe responder por el presunto daño patrimonial desde el 31 de agosto de 2010 a 31 diciembre de 2011, tiempo en el cual ejerció como Tesorera.      

Germán González Osorio, Luis Fernando Adarve Villa y Carlos Alberto Franco son llamados a responder, por todo el periodo del proyecto del “Plan Municipal de Aguas”.

Los siguientes son los particulares que presuntamente realizaron los retiros del Banco de occidente que se encuentran privadas de la libertad:

  • Leidy Viviana Rodríguez Hernández
  • John Alexander Pérez Villa
  • Carlos Eduardo Restrepo
  • Luis Alberto Sánchez Cano
  • David Antonio Flórez Cardona
  • Melba Velásquez Gil
  • Lina María Orejuela Moreno
  • María Liliana Tabares
  • Diana Constanza Barco Quintero
  • Alba Lucía Gil de Rojas
  • Luz Marina Puentes Arango
  • Patricia Arenas Osorio
  • Ana Emilia Restrepo Blandón
  • María Lucelly Gómez Bedoya
  • Yamileth Salazar Ortiz
  • Lina María Chaparro Arias
  • Víctor Alfonso Florez.

Los indiciados serán presentados ante un Juez Penal de Garantías Constitucionales, en donde se realizará la legalización de las capturas, la Fiscalía especializada anticorrupción leerá la formulación de imputación, en la cual los indiciados podrán acogerse o no a los cargos, y se determinará la medida de aseguramiento, que será solicitada por la Fiscalía en un centro carcelario, es decir, intramuros.

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