Semana | Bogotá D.C. | 27 JUL 2018 – 8:49 am
Para la clase dirigente del Valle del Cauca y Risaralda siempre quedó claro que nadaban en aguas distintas. Ni siquiera el tema de la integración aeroportuaria o la actividad cafetera los unió para trabajar por intereses comunes.
Pero ese divorcio parece que llegó a su fin y todo por cuenta de un peaje. La prueba reina de ese ‘matrimonio‘ será este sábado 28 de julio cuando tendrá lugar la primera marcha de protesta pacífica denominada “No más peaje Cartago (Valle) – Pereira (Risaralda)” y que se tomará por algunas horas la doble calzada que une a esos departamentos.
La protesta es liderada por un grupo de dirigentes empresariales y políticos de la región que se aglutinan en una entidad llamada Comité Cívico Empresarial de Risaralda y que desde hace varios años viene tocando puertas a nivel nacional para levantar el peaje ubicado en un sector conocido como Cerritos y que a decir de ellos “es un muro de Berlín entre Pereira y Cartago”.
En esa causa común hay dirigentes de todos los colores y partidos. Senadores, representantes a la cámara, diputados, concejales y hasta precandidatos a las distintas corporaciones públicas que se medirán en las urnas en octubre de 2019.
Las alarmas se dispararon porque precisamente el próximo año vence la concesión que desde 2004 construyó, operó y mantuvo los 54.5 kilómetros de doble calzada existente entre Pereira, Risaralda y La Victoria, Valle. Ese contrato que inicialmente costó 66.670 millones de pesos, se le otorgó por 16 años a la firma Concesionaria de Occidente, hasta hace unos años liderada por Conalvías con el 92 por ciento de las acciones.
Dicho proyecto se financió con el peaje de Cerritos que ya existía entre Pereira y Cartago, ambas ciudades separadas por escasos 20 minutos en carro. El flujo vehicular y el recaudo fueron tan buenos, que se estima que los 367.000 millones de pesos pactados como ingreso durante toda la concesión, se cumplirá un año antes de la fecha oficial.
Se estima que por ese corredor transitan diariamente 11.000 vehículos y el recaudo anual por concepto de peaje es de 43.000 millones de pesos. En la actualidad la tarifa más económica que se paga en Cerritos es de 11.600 pesos.
Así las cosas, todo indicaba que una vez concluida esa concesión, no era necesario mantener la polémica caseta de peaje de Cerritos, entre Pereira – Cartago, y que el mantenimiento de la doble calzada podría encargársele al concesionario PISA S.A. que opera otros tramos viales en el Valle del Cauca.
Sin embargo, el gobierno tenía otros planes y las alertas se dispararon cuando el Comité Cívico se enteró que un nuevo tramo vial de 10.5 kilómetros en doble calzada que unirá al municipio de La Virginia con Cerritos, en Risaralda, se financiaría con el recaudo de ese mismo peaje a través de una Alianza Público Privada, APP y de paso se asegura el mantenimiento de la doble calzada existente entre Pereira y La Victoria. El proyecto costaría 380.000 millones de pesos.
Se supo además que ya se tiene listo el nuevo concesionario que sería la Promesa de Sociedad Futura Apía SAS, donde está el mismo contratista a quien Conalvías le cedió las acciones que tenía en la Concesionaria de Occidente.
Al respecto, Javier González, uno de los voceros del Comité Cívico precisó, “lo más grave es que esa nueva concesión será por 30 años, algo que parece absurdo teniendo en cuenta que el tramo de la nueva vía que se construirá es de apenas 10.5 kilómetros”, expresó.
González aseguró que el Gobierno tiene conocimiento de la problemática social que causa ese peaje y que entre las soluciones que el mismo Comité planteó, “fue la inclusión de ese nuevo tramo vial en las obras del Proyecto Pacífico 3. “Está claro que no nos oponemos al desarrollo vial, solo queremos que haya sensatez, ya que Pereira está cercada por peajes que afectan a 14 municipios ubicados al occidente de Risaralda”, explicó.
No obstante, desde el Gobierno les aclararon a través de un documento que la opción de anexar ese nuevo trazado al proyecto Pacífico 3, “por ahora es inviable jurídicamente, puesto que la Ley impide adiciones a los proyectos APP dentro de los tres años siguientes a su inicio. Valga decir que luego de ello serían posible adiciones a este proyecto, pero siempre que su valor total no supere el 20% del valor inicial de las obras del proyecto Pacífico 3 (…)”, explicaron desde la vicepresidencia a través de un documento fechado en 2015.
Rodrigo Gutiérrez, otro de los voceros del Comité fue más allá al calificar de “insólito” que varias de las obras adicionales que se incluyeron para la nueva concesión, “son obligaciones pendientes del actual contrato, tales como retornos, nuevas casetas para los piñeros (vendedores de piña) de Cerritos y algunas glorietas en los pasos nacionales de Cartago”, aseguró el dirigente.
Dijo además, que entre los incumplimientos de la actual concesión, aparece que “quince años después aún no han hecho las obras de impacto social prometidas para el corregimiento de Puerto Caldas, Pereira”.
Varios documentos en poder de este portal dan cuenta que tanto el Ministerio de Transporte como la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, están al tanto de la problemática con la concesión y la caseta de peaje.
De hecho, en una de esas comunicaciones se plantea la posibilidad que los 10.5 kilómetros de la nueva doble calzada, se financie de una manera distinta al polémico peaje de Cerritos, “Otra opción a considerar sería la utilización de recursos de regalías para cofinanciar la construcción, operación y mantenimiento de estas obras (…)”, dice un documento presidencial.
Frente a ese tema, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, no dudó en apoyar cualquier iniciativa en bienestar de la comunidad, pero aclaró que al menos en su caso “logramos evitar que ese peaje de Cerritos, lo trasladaran hacia Obando, Valle”.
Si eso le agregamos que en reiteradas ocasiones desde el Gobierno prometieron que en Risaralda no se instalarán nuevos peajes, la polémica alrededor de la caseta de Cerritos solo tiene dos soluciones a la vista: mantenerla o quitarla.
Deja tu comentario