En un esfuerzo por fortalecer el control y la vigilancia sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y diversos actores del sistema de salud, la Superintendencia Nacional de Salud ha impuesto multas sin precedentes por un total de $169.868 millones durante los primeros 16 meses del actual gobierno (agosto 2022 – diciembre 2023). Estas acciones se enmarcan en el compromiso de la Supersalud de garantizar el derecho a la salud de los usuarios y proteger los recursos públicos del sector.
Este aumento significativo en las sanciones refleja el esfuerzo de la Superintendencia por corregir deficiencias en la prestación de servicios, con un enfoque especial en la vulneración del derecho fundamental a la salud de los usuarios, principalmente atribuido a las EPS. El Superintendente Nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, ha subrayado que estas cifras demuestran la delicada situación del sistema de salud en el país y destacan el compromiso de la entidad con la defensa de los usuarios.
Durante el periodo conocido como el «Gobierno del Cambio», la Supersalud ha aplicado un total de 524 sanciones, de las cuales 413 fueron multas en primera instancia y 111 amonestaciones. Estas sanciones están relacionadas con el incumplimiento de la normatividad vigente y las obligaciones por parte de las entidades responsables del aseguramiento en salud, la prestación de servicios y la supervisión territorial.
Beltrán López enfatizó que la eficiencia de la Supersalud no se mide solo por la imposición de sanciones, sino por las acciones concretas que garanticen salvar más vidas y proteger la salud de más personas en el territorio nacional. Las multas y amonestaciones se han dirigido principalmente a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB), con un total de 149 multas por un monto de $80.527 millones.
Le siguen en monto las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, con 39 multas que sumaron $27.971 millones, y las sanciones a personas naturales, con 107 sanciones que alcanzaron los $19.870 millones. También se impusieron multas a entes territoriales y a generadores, recaudadores y administradores de recursos financieros del sistema, con un total de 118 multas que sumaron $41.498 millones.
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Los motivos principales de las sanciones se relacionan con la denegación y deficiencias en la prestación de servicios, fallas en los reportes de información a la Supersalud e incumplimientos en el flujo de los recursos entre los actores del sistema. Beltrán López destacó el restablecimiento de la función de control de la entidad sobre los vigilados, reafirmando su compromiso de hacer de la Superintendencia una entidad efectivamente solidaria y amigable con los usuarios. Además, durante los primeros 16 meses del actual gobierno, la Delegatura de Investigaciones Administrativas de la Supersalud inició 511 investigaciones para establecer el inicio de procesos administrativos con fines sancionatorios.
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